La
comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I), presidida
por el diputado Sergio Fernández Novoa (FT), retomó esta mañana el
tratamiento del proyecto que promueve la inclusión laboral de personas
víctimas del delito de trata. El cuerpo socializó una nota elevada por
la Subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, en la que realiza
aportes vinculados a la capacitación educativa, los incentivos para la
contratación desde el sector privado y las condiciones para el empleo
público. El tema continuará en agenda de la comisión, con la
participación de integrantes de la Fundación Irene y funcionarias de la
Subsecretaría de las Mujeres.
En la sugerencia elevada por escrito,
la titular de la Subsecretaría de DDHH hace referencia al “Plan Nacional
contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022” y al Seguro de
Capacitación y Empleo (SCyE) que se desprende de dicho Plan, destinado a
las personas que hayan sido reconocidas como víctimas de trata de
personas durante procedimientos de fiscalización laboral y/o por
intermedio del Plan, o bien que hayan sido relevadas como víctimas de
prácticas de explotación sexual o de trata de personas por un organismo
público nacional, provincial o municipal o por una ONG con trayectoria
en la temática.
Bajo tal argumento, Comelli resalta la
importancia de la instancia de capacitación y de acceso al sistema
educativo y sugiere, en materia de asignaciones básicas y contribuciones
para las víctimas de los delitos de trata, “generar acciones que se
complementen con las realizadas por el Estado Nacional, tratándose de
facultades concurrentes entre Provincia y Nación”.
En cuanto al incentivo fiscal para que
el sector privado contrate personas rescatadas que hayan sido víctimas
de trata, la funcionaria propone el acceso a subsidios estatales en
contraposición a créditos fiscales, que suponen “un esfuerzo
exclusivamente estatal”.
Finalmente, en relación al cupo
laboral en la Administración Pública, Comelli recomienda que el texto de
la ley especifique la provincia promoverá la libre accesibilidad al
empleo, sin recurrir a la exigencia de requisitos “que obstruyan el
ejercicio de los derechos a la no discriminación de las personas
víctimas de trata”.
También referido a la empleabilidad,
se expresa a favor de incorporar la contratación del personal a través
de los proveedores del Estado, generando tal obligación en los pliegos
de concursos y licitaciones. De esta manera, explica Comelli, se
promueve la contratación de empleo privado y se apela a la
responsabilidad social del sector empresario en contribuir, a través de
acciones positivas, a complementar los esfuerzos estatales para la
erradicación de la trata de personas y la inserción laboral.
A pedido de la diputada del Frente de
Todos, Lorena Parrilli –impulsora del proyecto- se convocará a
participar en próximos encuentros a miembros de la Fundación Irene y a
autoridades de la Subsecretaría de las Mujeres para que brinden sus
opiniones y sugerencias.
Estuvieron presentes Sergio Fernández
Novoa, María Laura du Plessis, Lorena Parrilli, Mariano Mansilla, Karina
Montecinos, Andrés Blanco, Germán Chapino, María Laura du Plessis,
Ayelén Quiroga, Soledad Martínez, Laura Bonotti y Javier Rivero.
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