La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) recibió este martes a dirigentes de ATEN, ANEL, SEJUN, UPCN, Sitramune/FASEMP y Siprosapune; quienes pidieron celeridad en el tratamiento
del proyecto ley, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que
apunta a mantener la medida incluida en el presupuesto 2023 para que
trabajadores estatales neuquinos paguen menos impuesto a las ganancias.
Al comenzar con su exposición, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo recordó que “durante
el 2022 esta discusión ya se había dado y fue incorporada en la ley de
presupuesto de este año, pero lo que nosotros queremos en esta
oportunidad es que se convierta en una ley específica y que le dé
permanencia a la protección de los salarios de los trabajadores
estatales de la provincia y que de esta forma tenga una resolución
definitiva”.
Agregó que en el año 2022 11 mil
trabajadores de la educación tuvieron impacto del impuesto a las
ganancias en sus salarios mientras que en la última liquidación fueron
alrededor de 200 trabajadores, con una retención promedio de cinco mil pesos.
A su turno, el secretario adjunto de ANEL, Marcelo Bages, explicó que “estamos
trabajando en una ley particular para que el impuesto a las ganancias
no impacte en el salario de los empleados legislativos”. A la vez, indicó que “es
un reclamo que venimos haciendo hace tiempo, porque es un impuesto
progresivo que está mal aplicado en la cuarta categoría ya que tiene una
presión tributaria muy importante en los trabajadores”.
Por su parte, la representante de los jubilados del Instituto de Seguridad Social, Susana De La Riva explicó que un elevado porcentaje de los jubilados estatales se verían afectados si no se aprueba la ley en debate.
Luego el secretario general de SEJUN, Claudio Salazar; el
secretario de UPCN, Edgardo Oñate; y el secretario general de
Siprosapune Juan Ferrari, sostuvieron que
el salario de los trabajadores no es ganancia y que por ese motivo es
necesario eliminar este impuesto lo que representaría un alivio para el
bolsillo de los trabajadores y además porque es un gran beneficio para
la economía de la región.
Si bien esta modalidad ya se viene aplicando, por haber sido
incorporada en el presupuesto del 2023 sólo tiene vigencia hasta el 31
de diciembre próximo. Por tal motivo, se estima conveniente darle
carácter permanente a dicha regulación para mantener la igualdad de
condiciones, expresaron los dirigentes gremiales.
En este sentido, el diputado Maximiliano Caparroz (MPN), manifestó que “se
continuará avanzando en esta comisión con el tratamiento adecuado y
tomando los recursos necesarios, teniendo en cuenta lo expuesto por los
representantes de los gremios”.
Los diputados Caparroz, Carlos
Sanchez (UP-FR), Andrés Peressini (Siempre), Raúl Muñoz (MAV), y las
diputadas Lorena Parrilli (FdT), Blanca López (FIT), Carina Riccomini
(Juntos), sostuvieron que cada uno de sus bloques políticos apoyarán el
proyecto de ley porque es un impuesto que se ve reflejado en el salario
de todos los trabajadores y que se acrecienta con la crisis económica.
La iniciativa forma parte del
paquete de 11 leyes que presentó el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 1
de marzo al inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias.
El mismo, busca reducir el gravamen del impuesto a las ganancias sobre
salarios de la administración pública, actualmente alivianados por la
ley de presupuesto (ley 3365).
El presupuesto, en sus artículos 48° y 49° contempla tal reducción del impuesto, al establecer que el total de los conceptos remunerativos que perciben los agentes de la Administración pública provincial, se compone en un 60 % a sueldo y en un 40 % al concepto dedicación funcional. A este último concepto es al que no se le efectúan retenciones sobre el impuesto a las ganancias.
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