Desde
el Frente de Todos presentaron un pedido de informe sobre la provisión
de garrafas sociales en la provincia. La consulta, dirigida a la
Subsecretaría de Desarrollo Social, se inscribe en la inminente llegada
de la época invernal y la denuncia de vecinos y vecinas ante
dificultades para acceder a la distribución de garrafas.
El
pedido consulta si, a la fecha, existen deudas en el pago a las
distribuidoras de garrafas, atento la denuncia de los beneficiarios del
bono gasífero que no pueden acceder a las mismas. A la vez, pregunta por
el procedimiento utilizado para determinar quiénes serán las personas
que resultarán beneficiarias de los vales de garrafas de gas, al tiempo
que solicita información sobre la cantidad de bonos que entrega la
provincia, por período determinado. Finalmente, los diputados y las
diputadas buscan conocer si los bonos gasíferos con vencimiento en el
mes de marzo serán aceptados al momento de regularizarse la situación,
así como preguntan por la cantidad de camiones garraferos que hay en
circulación y los recorridos que realizan.
Los
fundamentos aseguran que el acceso a los servicios públicos es un
derecho de toda la ciudadanía y que, en caso de no poder garantizarlo,
el Estado debe impulsar alternativas que compensen la cobertura de
dichos servicios. Frente a tal situación, la Subsecretaría de Desarrollo
Social cuenta con un plan de distribución de garrafas sociales. Sin
embargo, vecinos y vecinas de Neuquén aseguran que, en la actualidad, el
garrafero no llega a todos los barrios con las garrafas y que, en la
planta de gas, se pueden comprar pero no con los bonos gasíferos.
En
efecto, mencionan que la Distribuidora Dabi -dedicada a la venta y
distribución de GLP (gas licuado de petróleo) en garrafas- informó que
se ve imposibilitada a recibir el bono como medio de pago ya que la
provincia le adeuda. A ello se suma que los camiones que distribuyen en
los barrios no cuentan con la cantidad necesaria de garrafas, quedando
muchos vecinos y vecinas con sus envases vacíos.
Informan,
además, el impacto que esto genera en el bolsillo de los vecinos y las
vecinas ya que una garrafa en los barrios se consigue a 900 pesos
mientras que en la distribuidora se obtiene por 500 pesos.
El
proyecto de resolución (15103) ingresó el 5 de abril firmado por Lorena
Parrilli, Soledad Martínez, Sergio Fernández Novoa y Soledad Salaburu.
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