Buscan declarar la Emergencia habitacional en toda la provincia

 

El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un proyecto para declarar la emergencia habitacional en toda la provincia por el término de cinco años. La medida crea un “Plan Habitacional” que contempla nuevos impuestos, regula las contracciones de alquiler y prohíbe los desalojos de viviendas familiares, entre otros aspectos. 

En efecto, el “Plan de Emergencia” implica la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Habitacional; la integración socio-urbana de tomas y asentamientos precarios;  la construcción de 80.000 viviendas; la creación de un impuesto especial a las viviendas ociosas; la implementación de bancos de tierras municipales en todas las ciudades en vacíos urbanos o terrenos contiguos a zonas consolidadas o en vías de consolidación; y medidas de protección a personas que alquilen. 

Será condición para acceder a los beneficios de la norma, figurar en el Registro Único Provincial de Vivienda del IPVU-Adus. Serán prioridad las mujeres y/o personas transgénero y sus respectivos grupos convivientes, que padezcan violencia de género o se encuentren ante riesgo de sufrir cualquiera de las formas de violencias, así como los grupos familiares con personas con discapacidad. 

El articulado contempla, además, la creación de una “Comisión Provincial de Emergencia Habitacional” como órgano de planificación y control de la ejecución del Plan de Emergencia. Se prevé la participación mayoritaria de delegadas y/o delegados de tomas y asentamientos, organizaciones de inquilinas e inquilinos, organizaciones de vecinas y vecinos, de trabajadoras y trabajadores de los planes de viviendas, cooperativas y gestiones obreras, profesionales de universidades públicas, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos.

La autoridad de aplicación de la ley recaerá sobre el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU–Adus), organismo que deberá respetar las decisiones de la Comisión mencionada.

El cuerpo de la propuesta determina las condiciones bajo las cuales se podrá relocalizar a los ocupantes de tomas y asentamientos precarios, previo acuerdo de la Comisión Provincial de Emergencia Habitacional y en beneficio y acuerdo de las personas afectadas. Las circunstancias que admitirán la relocalización serán: factores de riesgo social, hidráulico o ambiental; hacinamiento de hogares; o defectuosa situación constructiva de la vivienda, con riesgo estructural o dificultades funcionales. 

Para obtener los recursos necesarios que amerite la aplicación del Plan, se prevé la creación de un impuesto especial del orden del 5% de la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales en toda la provincia que será destinado a la construcción de viviendas, al plan de urbanización y al estudio y planificación de terrenos óptimos para la urbanización. 

A la vez, el Estado provincial podrá cobrar un máximo de 60 cuotas mensuales a las personas beneficiarias del Plan, no pudiendo ser el valor de la cuota mensual mayor al 10% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Asimismo, se propone el impuesto a las viviendas ociosas, entendiéndose por tales unidades funcionales deshabitadas o no utilizadas en forma permanente, sin causa justificada, por el plazo de un año. El impuesto equivaldrá al 2% del valor fiscal del inmueble para las personas físicas que posean tres viviendas ociosas, al 3% para aquellas que posean cuatro viviendas ociosas, y se incrementará en un 1% por cada vivienda ociosa adicional. El porcentaje se incrementará para las sociedades comerciales.

En cuanto a los alquileres, se establece un máximo del 20% del valor de la canasta familiar al precio de los alquileres de vivienda única de tipo familiar, cuyo propietario tenga más de cinco bienes inmuebles. La garantía de este tipo de contratos será el Estado provincial. El locador propietario de más de cinco bienes inmuebles deberá afrontar los gastos del contrato y los que demande el intermediario del alquiler.

Finalmente, la medida prohíbe los desalojos cuando se dispongan sobre una vivienda única de tipo familiar o sobre terrenos ocupados por familias que reclaman la construcción de viviendas, sean cuales fueren las razones que motiven tal medida.

Los fundamentos indican que, en la década del ’90, el Estado dejó en manos de empresas privadas la construcción de viviendas familiares. La situación se aceleró a partir del año 2000, y desde entonces el ADUS construye, en promedio, no más de mil viviendas por año, cifra muy por debajo a la necesaria para poder hacer frente al déficit habitacional. 

“El ´boom inmobiliario´ en Neuquén fue liderado por edificios de lujo y vivienda para los sectores de mayores recursos”, indica el legislador del PTS-FIT quien argumenta así que la clase trabajadora no puede acceder a una vivienda familiar en las actuales condiciones macro-económicas.